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María Crespo Garrido 
La transposición de la sexta versión de la Directiva comunitaria que insta a los Estados miembro a facilitar información de los mecanismos transfronterizos de planificación fiscal agresiva se ha realizado en cada uno de los países en momentos diferentes entrañando dificultades muy diversas. En el caso español la adaptación de la normativa interna a la Directiva ha puesto en primera línea del debate doctrinal cuál es el límite al secreto profesional por parte de los asesores fiscales, de manera que sean compatibles la obligación de transmisión de información, con el sigilo impuesto por su código de comportamiento. Para conocer estas obligaciones, el intermediario fiscal deberá aclarar, conocer y exponer su grado de participación en la redacción del mecanismo susceptible de comunicación. La existencia de mecanismos de planificación fiscal agresiva no sólo erosiona las bases imponibles declaradas en los países, sino que evidencia la necesidad de actualizar las listas de territorios no colaborativos y, en el ámbito nacional señala a los códigos de buenas prácticas, como un mecanismo de colaboración con las Administraciones públicas de gran transcendencia como elemento complementario.
The transposition of the sixth version of the Community Directive urging Member States to provide information on cross-border aggressive tax planning mechanisms has taken place in each of the countries at different times and has involved a number of difficulties. In the Spanish case, the adaptation of internal legislation to the Directive has put at the fore the doctrinal debate what is the limit to professional secrecy by tax advisers, so that the obligation to ransmit information is compatible, with the stealth imposed by their code of conduct. In order to know these obligations, the tax intermediary must clarify, know and explain its degree of participation in the drafting of the mechanism for communication. The existence of aggressive fiscal planning mechanisms not only erodes the tax bases declared in countries, but also highlights the need to update lists of non-collaborative territories and, at the national level, points to codes of good practice, as a mechanism of collaboration with high-profile public administrations.
