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Enrique Benítez Palma
En un escenario de fuerte inversión en la modernización y digitalización de las Administraciones públicas, la aplicación de soluciones tecnológicas basadas en la verificación de grandes bases de datos y la automatización de las decisiones públicas debe hacerse desde el cumplimiento del marco normativo en materia de derecho administrativo, transparencia y protección de datos de carácter personal. La experiencia de los países anglosajones, las aportaciones académicas ya realizadas en otros países para facilitar una modernización tecnológica respetuosa con el marco legal vigente, y alguna incipiente experiencia nacional ponen de manifiesto la necesidad de revisar la regulación en España, así como el papel de los Órganos de Control Externo como garantes del cumplimiento de legalidad y de la evaluación de la eficacia de los procesos administrativos automatizados. Una administración pública digital no puede perder de vista ni la motivación de sus decisiones ni la comprensión por parte de los ciudadanos de los mecanismos en los que basa su funcionamiento.
La tendencia imparable hacia la utilización de algoritmos y soluciones robotizadas en la gestión pública es un proceso que debe ir acompañado de la necesaria reflexión sobre sus posibles consecuencias indeseadas, y también sobre las herramientas de control disponibles para la explicación y evaluación de los resultados
In a context of large investment in the modernisation and digitalisation of public administrations, the application of technological solutions based on the verification of large databases and the automation of public decisions must be carried out in compliance with the regulatory framework in terms of administrative law, transparency and personal data protection.
The experience of anglo-saxon countries, the academic contributions already made in other countries to facilitate technological modernisation that respects the current legal framework, and some incipient national experience highlight the need to review the regulation in Spain, as well as the role of the Supreme Audit Institutions (SAIs) as guarantors of compliance with legality and the evaluation of the effectiveness of automated administrative processes. A digital public administration cannot lose sight of either the motivation of its decisions or citizens' understanding of the mechanisms on which it bases its operation. The unstoppable trend towards the use of algorithms and robotised solutions in public management is a process that must be accompanied by the necessary reflection on its possible undesired consequences, and also on the control tools available for the explanation and evaluation of the results
