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La culminación del iter legislativo del Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público (ALMEPSP), que el pasado 15 de diciembre fue aprobado por el Consejo de Ministros, supondría un auténtico tsunami procesal capaz de llegar a múltiples aspectos del proceso en las diversas jurisdicciones y, cuyo origen, no es otro que el aprovechamiento de las circunstancias que la pandemia causada por el SARS-CoV-2 ha traído —y sigue trayendo— consigo. En efecto, la crisis sanitaria generada por dicha situación, ha irrumpido, de lleno, en todas las esferas de la vida cotidiana de los ciudadanos, alcanzando, también, a la Justicia y su administración.
