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Se analiza por el TJUE la posible exclusión de la Directiva sobre contratos públicos de unos convenios de colaboración mediante el cual varios municipios de Finlandia decidieron confiar algunas funciones de transporte así como la organización y prestación de servicios sociales y sanitarios a la ciudad de Pori, en su condición de autoridad local competente.Se analiza por el Tribunal europeo si las directivas sustantivas y de recursos sobre contratos públicos deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que, en un procedimiento de recurso incoado de oficio por una autoridad de control, permite imputar una infracción e imponer una multa no solo al poder adjudicador sino también al adjudicatario del contrato en el supuesto de que, con ocasión de la modificación del contrato durante su ejecución, se hayan eludido irregularmente las normas de licitación pública.Es objeto también de pronunciamiento si un convenio de colaboración a tenor del cual las partes de dicho convenio transfieren a una de ellas la responsabilidad de la organización de servicios en su favor permite considerar, con ocasión de adjudicaciones posteriores a dicha transferencia, que dicho municipio es el poder adjudicador y lo faculta para confiar, sin licitación previa, a una entidad «in house» la prestación de servicios que no solo satisfacen sus propias necesidades, sino también las de los demás municipios parte en dicho convenio, cuando, sin esa transferencia de competencias, los citados municipios hubieran debido satisfacer ellos mismos sus propias necesidades.
