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La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ha sido objeto de un recurso de inconstitucionalidad, recientemente resuelto por al alto tribunal. El recurso fue promovido por el Gobierno de Aragón contra diversos artículos de la citada norma, se centra en posibles vulneraciones del orden competencial del artículo 149.1.18ª de la Constitución y afecta a un importante número del total de disposiciones de la LCSP (un 24%). El recurso interpuesto con fecha 24 de julio de 2018, ha sido objeto resolución con fecha 18 de marzo de 2021, siendo publicada la Sentencia 68/2021 en el BOE no 97, de 23 de abril de 2021.
