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José Massaguer Fuentes 
La propagación de la ineficacia de un contrato a otros relacionados con él es un efecto de esa ineficacia amplia y diferenciadamente tratado en la literatura jurídica civilista. Sin embargo, esta figura no ha recibido un tratamiento separado en los estudios sobre impugnación de acuerdos sociales. Este olvido sorprende, puesto que la extensión de la ineficacia de los acuerdos impugnados a actos, contratos y acuerdos relacionados ha sido implícita, pero inequívocamente admitida en nuestra legislación de sociedades anónimas durante casi cincuenta años. Aunque la norma de la que resultaba ese reconocimiento se derogó en 2000, la LSC prevé actualmente algunos casos concretos de propagación y, aún más, admite, como principio, que la ineficacia de un acuerdo de junta general puede arrastrar la ineficacia de otros actos, contratos y acuerdos bajo ciertas condiciones. En particular, la ineficacia de un acuerdo social se propaga a los actos de ejecución, puesto que comparten su estructura negocial. También se propaga a actos que dependen sustantiva y funcionalmente del acuerdo impugnado porque la invalidación de este equivale a una pérdida de sentido y utilidad y más precisamente al cumplimiento de una condición resolutoria a la que, al menos implícitamente, estaban sujetos. En cambio, los actos que, en ausencia de los elementos anteriores, simplemente se ajustan y observan el marco jurídico establecido por el acuerdo impugnado no están afectados por la propagación de su ineficacia. Con la excepción de lo previsto para el pago de dividendos, las contrapartes, socios o terceros, de la sociedad en actos de Derecho de sociedades afectados por la propagación no se benefician de ninguna norma de alcance general que preserve la posición adquirida de buena fe y no existe tampoco razón para ello. Esto mismo sucede en relación con el tercero con quien la sociedad haya contratado en relaciones de tráfico, bien porque la ineficacia del acuerdo considerado equivale al cumplimiento de una condición resolutoria, bien porque no concurre la vinculación precisa para que se produzca la propagación, bien porque la ineficacia del negocio de adquisición hecho entre sociedad y tercero no resulta de la propagación, sino justamente del proceder doloso o culposo del tercero.
The extension of the invalidity of contracts to other contracts is a legal consequence that civil law literature has covered extensively. However, this legal notion has received much less attention in connection with the invalidity of general shareholders’ meeting resolutions. This oversight is somewhat surprising as the invalidity of corporate resolutions extending to related acts, contracts and resolutions has been implicitly but unambiguously recognised by commercial corporate law in a very broad sense for a good 50 years. Although the relevant legal provision was derogated in 2000, the companies legislation currently in force provides for this extension in specific cases. Even more, it implicitly acknowledges that the invalidity of a general shareholders’ meeting resolution can trigger the invalidity of related acts, contracts and corporate resolutions under certain circumstances. Specifically, the invalidity of such a resolution extends to acts, contracts and agreements that enforce the resolution since they all share the same subject matter and basis. It also extends to acts, contracts and agreements that are dependent on the corporate resolutions because their invalidity substantively constitutes the fulfilment of a condition subsequent. Conversely, acts, contracts and agreements that simply observe the framework and comply with the requirements derived from previous resolutions agreed by shareholders’ meetings will not become ineffective due to the invalidity of the relevant resolution. Except as expressly established by law, the counterparty of the company in corporate acts or agreements does not benefit from any corporate law provision protecting bona fide acquisitions and other contractual positions. This also applies to the company’s counterparties in commercial transactions, either because they are not affected by the extension of the invalidity of the shareholders’ meeting resolution they relate to, because the invalidity of the shareholders’ meeting equates to the fulfilment of a condition subsequent, or because the invalidity of the related agreement is precisely based on the bad faith of the company’s counterparty.
