Acceso usuarios
Ricardo Antonio Gaido
El nuevo contexto social globalizado y la falta de consolidación de las instituciones públicas se ven convulsionadas por el avance sistemático en la falta de respuesta a las demandas que los ciudadanos efectúan en los diversos ámbitos de las administraciones públicas. Frente a ello, desde el derecho administrativo se están buscando alternativas mejoradoras no solo desde la concepción de la relación Administración/ciudadano, sino desde los avances tecnológicos que son innegables en todos los ámbitos de la vida.
Con ello, se va gestando un nuevo derecho, pensado no solo desde la legitimidad de los actos de quienes gobiernan, sino que permita la proximidad de quienes participan en la vida administrativa.
En esa búsqueda innovadora, podemos encontrar la administración electrónica, que implica no solamente el ejercicio de los derechos fundamentales de acceso a la información pública y participación ciudadana, sino el mejoramiento en la prestación de los servicios por parte de las administraciones públicas, logrando una interconexión ágil, sencilla, atemporal y facilitadora en búsqueda del bienestar general.
Así planteado, se requieren avances legislativos, doctrinarios y consultivos en todos los niveles de gobierno, para que a través del desarrollo de plataformas digitales o electrónicas los ciudadanos tengan acceso a la información y los servicios públicos. Y allí, de manera remota, puedan consultar, reclamar, sugerir e iniciar un trámite o expediente administrativo. Dichos avances ya se están produciendo en todo el mundo. Encontramos nuevas leyes de procedimiento administrativo como la 39 y 40/2015 en España, y su portal electrónico de acceso a través de la página oficial, que prevé varias herramientas, entre ellas, la «Carpeta Ciudadana». Encontramos réplicas de ello, por ejemplo, en la Provincia de Córdoba en Argentina, mediante la plataforma «Ciudadano Digital».
En esa facilitación de acceso, el ciudadano encuentra a la Administración más cerca y comprometida; asimismo, más transparente, ya que permite conocer información vinculada a los funcionarios públicos, a las contrataciones, a la ejecución del presupuesto, etc.
No obstante las ventajas de la implementación de las administraciones electrónicas, encontramos en ellas ciertos problemas generados por las desigualdades socioeconómicas y del conocimiento, que deberán ser tenidas en cuenta por los gobiernos a fin de asegurar el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
El e-Gobierno o e-administración es un desafío al que todos debemos contribuir, porque las nuevas tecnologías deben servir no solo para la accesibilidad de los ciudadanos a la información pública, lo que supone dotar a los gobiernos de mayor transparencia, sino para una satisfacción de las necesidades de manera más ágil.
The new globalized social context and the lack of consolidation of public institutions are convulsed by the systematic advance in the lack of response to the demands that citizens make in the various areas of public administration. In the face of this, administrative law is looking for alternatives to improve not only from the conception of the relationship Administration/citizen, but from technological advances that are undeniable in all areas of life. With this, a new right is being developed, thought not only from the legitimacy of the acts of those who govern, but that allows the proximity of those who participate in the administrative life.
In that innovative search, we can find e-government, which involves not only the exercise of the fundamental rights of access to public information and citizen participation, but also the improvement in the provision of services by public administrations, achieving an agile interconnection, simple, timeless and facilitating in search of general well-being.
Thus, legislative, doctrinal and consultative advances are required at all levels of government, so that through the development of digital or electronic platforms citizens have access to information and public services. And there, remotely, they can consult, claim, suggest and initiate an administrative process or file. Such developments are already taking place around the world. We find new laws of administrative procedure as the 39 and 40/2015 in Spain, and its electronic portal of access through the official page, which provides several tools, among them, the «Citizen Folder». We find replicas of this, for example, in the Province of Córdoba in Argentina, through the «Digital Citizen» platform.
In this facilitation of access, the citizen finds the Administration closer and more committed; also, more transparent, since it allows to know information related to public officials, to recruitment, to the execution of the budget, etc. Despite the advantages of the implementation of electronic administrations, we find in them certain problems generated by socio-economic inequalities and knowledge, which should be taken into account by governments in order to ensure respect for the fundamental rights of citizens. e-Government or e-government is a challenge to which we must all contribute, because new technologies must serve not only for the accessibility of citizens to public information, which means giving governments greater transparency, but for a more agile satisfaction of needs.
