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Susan Rose-Ackerman, José María Sauca Cano (trad.) 
La pandemia del coronavirus ha generado incentivos a la corrupción, al fraude y a la auto-contratación que pueden ser explicados mediante los incentivos político-económicos que se tratan en el trabajo. Tres características de la crisis de la COVID-19 son especialmente importantes. En primer lugar, el rápido desarrollo de la pandemia y la correlativa recesión económica han conducido a una feroz competencia por los recursos esenciales. En segundo lugar, los gobiernos han movilizado rápidamente fondos públicos (tanto para el sistema sanitario como para la estabilidad económica) en una escala sin precedentes, creando oportunidades de muchos tipos para la captación de dinero fácil, incluyendo las abiertamente corruptas. En tercer lugar, los funcionarios y los profesionales sanitarios ejercen una discrecionalidad sustancial en la asignación de recursos. La pérdida de transparencia y el debilitamiento de la supervisión y del cumplimento de las normas han exacerbado los problemas de corrupción y de fraude, y las medidas públicas contra esas infracciones no han mantenido el paso al desarrollo de la crisis. El trabajo discute cómo esas características interactúan en los procesos de adquisiciones y suministros; en la asistencia gubernamental a las personas y a las empresas y en el desarrollo y autorización de los medicamentos. Aquellos que se benefician de la corrupción, sean contratistas o particulares, saldrán de la pandemia mejor que lo que entraron si los gobiernos no actúan. La tolerancia de las actividades ilícitas será a costa de la legitimidad del gobierno a largo plazo y extenderá el virus entre los más vulnerables. La necesidad de una respuesta rápida a la pandemia no debería ser una excusa para debilitar a las instituciones, sino una razón para fortalecer la integridad gubernamental.
