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El anuncio del cierre de operaciones de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), el pasado 5 de febrero, como una decisión para no someterse a la Ley de Agentes Extranjeros y su normativa –una ley inconstitucional y violatoria de todo principio de organización–, representa un duro golpe para el periodismo independiente como también un grave retroceso en materia de libertad de expresión, libertad de información, libertad de organización, entre otros derechos consignados en la Constitución Política de Nicaragua y en convenios internacionales ratificados por el Estado nicaragüense.
