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Josep Moreno i Gené
El art. 22.1.d) de la Ley de la Ciencia al regular la retribución del investigador doctor contratado a través de la modalidad contractual de acceso al sistema español de ciencia, tecnología e innovación (SECTI) prevé que “la retribución de este contrato no podrá ser inferior a la que corresponda al personal investigador que realice actividades análogas”. Este precepto restablece, por tanto, el principio de equivalencia retributiva entre el personal investigador contratado a través de esta modalidad singular de contrato en prácticas dirigida a la contratación de los investigadores doctores y el personal investigador que realiza idénticas o análogas actividades mediante otra vía de vinculación laboral o funcionarial en la misma universidad u otro centro de investigación. Esta manera de fijar la retribución prevista para el contrato de acceso al sistema español de ciencia y tecnología genera, sin embargo, importantes problemas de índole práctico. Precisamente, la STSJ del País Vasco de 22 de octubre de 2019 objeto de este comentario aborda algunas de estas cuestiones conflictivas, fijando quién es en el concreto supuesto enjuiciado el investigador comparable al investigador contratado mediante el contrato de acceso al sistema español de ciencia, tecnología e innovación –investigador “Ramón y Cajal”- y a quien corresponde sufragar las diferencias salariales que pudieran existir entre la retribución prevista en el contrato de acceso al sistema español de ciencia, tecnología e innovación, fijada a partir de la cuantía de las ayudas previstas en la convocatoria mediante las que se financia el contrato y la retribución prevista para el investigador comparable.
