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El presente artículo analiza la obligación empresarial de investigar impuesta por la Directiva (UE) 2019/1957 y el artículo 31 bis Código Penal junto con la doctrina aplicable a la protección del derecho a la intimidad en el trabajo, flexibilizada con la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos López Ribalda II. La colisión de obligaciones generada requiere una respuesta integrada de las diferentes normativas que permita esclarecer bajo qué parámetros deberán llevarse a cabo las investigaciones internas en las empresas.
