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Antonio Del Sole
The continuing cash-flow crise of taxpayers, and in particular of businesses, recently exacerbated by the effects of Covid-19, raises the question whether it is acceptable in law today that the fulfilment of a debt, even if that debt is of a fiscal nature, to be subject to criminal sanctions. In the light of the judgment of the Court of Justice of the European Union of 2 May 2018 in Case C-574/15, this article is fundamentally concerned with the legitimacy of the use of criminal law to sanction taxpayers who find themselves unable to fulfil their tax obligations, although they were timely and truthfully declared to the tax authorities.
La continua crisis de liquidez de los contribuyentes, y en particular de las empresas, que se ha agravado como consecuencia de Covid-19, plantea la cuestión de si es aceptable en el derecho contemporáneo que el cumplimiento de una deuda, incluso de carácter fiscal, pueda ser sancionado con los instrumentos del Derecho penal. A la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2 de mayo de 2018, en la causa C-574/15, este artículo se ocupa del uso del derecho penal para sancionar a los contribuyentes que se encuentren en la imposibilidad de cumplir sus obligaciones fiscales, aunque hayan procedido a declararlo oportuna y verazmente ante Hacienda
