Acceso usuarios
Miguel Andrés Goldfarb
El cambio climático y sus nefastas consecuencias han despertado la conciencia global acerca de la necesidad de propender al desarrollo de modo sustentable. Desde la década de los años setenta el mundo asiste a un proceso cada vez más fuerte de regulación ambiental. Cabe recordar al protocolo de Kyoto de 1997 y el reciente Acuerdo de París que Argentina suscribió. En el plano interno el mandato constitucional y la Ley General del ambiente que fija presupuestos mínimos junto con una vasta normativa al respecto. En este contexto es indispensable –y así lo han entendido la mayoría de los países- ir hacia una matriz energética amigable con el ambiente. Aparecen así las llamadas energías renovables y ya dentro de su universo la novedosa categoría del usuario proveedor a través de la denominada generación auto distribuida. En Argentina rige la reciente ley 27.191 que vino a instaurar estándares y metas más que exigentes a través de un mandato de objetivos escalonados para el plazo 2017-2025. En el marco de la legislación vigente se vienen poniendo en marcha una serie de programas que formar parte de una verdadera política pública caracterizada por el fomento a la generación de energías limpias. Se compromete a los usuarios a participar de este proceso. Los programas puestos en marcha han tenido importante éxito así como desafíos en pos de aumentar hasta el 20% la participación de las energías renovables en la matriz energética del país hacia 2025. En materia de autogeneración y la posibilidad de inyección a la red de los excedentes que genera el usuario generador, rige la Ley 27.424 que también regula en un mix el vínculo contractual del usuario con la empresa prestadora, así como las competencias del órgano o empresa responsable del servicio. Enfrentamos nuevos tiempos y desafíos en pos de modificar la matriz energética fósil que ha venido afectando negativamente al medioambiente.
