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Desde que se promulgó la actual Constitución, los cambios en la población española han sido tan rápidos e intensos que constituyen casi una revolución. Al igual que ha ocurrido en los demás países del sur de Europa, las tendencias demográficas han pasado al primer plano de las ocupaciones ciudadanas y políticas, sobre todo por las consecuencias sociales que pueden tener a largo plazo en la organización familiar, la enseñanza, la sanidad, el mercado laboral, política de inmigración o el sistema de pensiones.
