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Este trabajo tiene por objeto analizar los problemas -que ya resultarán familiares a los lectores de InDret- que plantea el hecho de que un seguro cubra la responsabilidad patrimonial de la Administración, centrando el discurso en el ámbito de la Administración Pública Sanitaria. Así, el artículo toma como punto de partida los datos más relevantes sobre las distintas Administraciones Públicas Sanitarias y sus pólizas de seguros, así como el estudio de las reclamaciones extrajudiciales y judiciales que se han planteado en la práctica, para afirmar que la contratación por la Administración Pública de un seguro voluntario es socialmente beneficiosa siempre que mejore la situación de todos los agentes sociales implicados. Para ello se sugieren soluciones en relación con la tramitación de los siniestros o con la acción directa contra el asegurador de la Administración Pública Sanitaria. El tema, además, ha adquirido gran actualidad, dadas las recientes normativas que pretenden incluir un seguro obligatorio en las prestaciones médicas, tanto públicas (art. 36 del Real Decreto 29/2000, de 14 de enero) como privadas (art. 46 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias).
