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Durante los últimos años viene produciéndose en nuestro país una eclosión del denominado turismo colaborativo, fenómeno ante el cual no ha sido ajeno el derecho. Los poderes públicos vienen abordando su crecimiento con desconfianza y, por ello, las normas publicadas, también desde el prisma urbanístico, son fuertemente restrictivas o limitativas. Se analiza aquí cómo el TS ha validado recientemente esta manera de operar por parte de las administraciones y sus consecuencias.
