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El Gobierno ha presentado un Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal que reforma, entre otras leyes procesales, la LEC. Algunos de los cambios propuestos son de notoria entidad, dado que obligan a acudir a medios alternativos de solución de conflictos antes de poder demandar, y dentro ya del ámbito propiamente jurisdiccional, priorizan las vistas y actuaciones telemáticas frente a las presenciales y configuran un juicio verbal que puede llegar a celebrarse íntegramente por escrito. Además, se intenta dar respuesta a los litigios-masa en materia de condiciones generales con la introducción de un procedimiento-testigo y se reforma completamente el sistema de recursos extraordinarios. En este artículo se expone y analiza críticamente la reforma presentada, señalando qué aspectos pueden dar soluciones adecuadas a problemas actuales y cuáles pueden suponer un cambio radical de la actual estructura del proceso civil español.
