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Cristóbal Orrego Sánchez 
La ética profesional de los políticos se mueve en un difícil equilibrio entre las exigencias de dar a conocer las verdades que afectan al bien común, siendo cada uno veraz y evitando cuidadosamente toda forma de mentira, y las exigencias -no menos importantes- de mantener la debida reserva sobre cuestiones que puedan afectar injustamente la buena fama del prójimo o sobre materias cubiertas por algún deber de secreto profesional. En efecto, si bien es cierto que el escrutinio público de la real valía de los políticos y de sus políticas es un bien deseable para toda forma de gobierno, y mucho más para el régimen democrático participativo, no es menos cierto que, en determinados contextos, puede ser perjudicial para el bien común que todo el mundo pueda enterarse de alguna acción de gobierno real o planeada, o que algunos defectos ocultos de determinadas personas -que no afecten su calidad como gobernante actual o posible- sean ventilados sólo para satisfacer la curiosidad morbosa de quienes nada se ocupan del buen gobierno.
Por eso nos parece de cierto interés recordar algunas ideas clásicas de la ética profesional aplicadas a los políticos profesionales, en relación con los deberes de secreto, por una parte, y de respetar la buena fama, por otra.
