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La independencia como virtud personal de los Jueces nunca ha estado en cuestión. Pero era preciso crear las condiciones objetivas para que este valor esencial estuviera preservado de cualquier posible injerencia política. Para esta finalidad se creó en la Constitución de 1978 el Consejo General del Poder judicial, que desapoderó al Ejecutivo de las potestades que tradicionalmente retuvo sobre el Cuerpo Judicial.
