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La pandemia actual ha evidenciado la enorme vulnerabilidad de quienes residen en centros gerontológicos donde el porcentaje de mortalidad por Covid-19 ha superado todos los records imaginables. Por ello, se ha priorizado su vacunación contra el coronavirus, pero también ha surgido un problema cuando la persona destinataria de la vacuna no puede prestar consentimiento para ello y quienes deben prestarlo por ella, se han negado a hacerlo contra el criterio médico. En este artículo se analizan las primeras resoluciones judiciales dictadas al respecto a la luz del nuevo paradigma de la discapacidad impuesto por la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
