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José Manuel Martínez Fernández
La normativa comunitaria y española sobre contratación pública impulsa la responsabilidad social en el gasto público. Ello supone implementar con los recursos que se invierten mediante contratos, las políticas sociales, medioambientales, de fomento de la innovación y de promoción de las empresas pequeñas y medianas, y desterrar la corrupción. Las CCAA ha dictado su propia normativa para lograr una mayor «eficiencia social» en la contratación que realiza su sector público. La reciente aprobación por la Junta de Castilla y León de unas directrices vinculantes suponen una adecuada guía para ello, perfectamente aplicable por los poderes adjudicadores de todo el país.
