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Juan Ignacio Cerdá Meseguer
Hace aproximadamente una década se inició una ambiciosa reforma en la Administración de Justicia que afectaba a todos los ámbitos de la misma: estructural, funcional, personal y tecnológico. A tal fin, se acometió la promulgación de las normas reguladoras de la Nueva Oficina Judicial (NOJ); se aproba-ron las necesarias reformas legales para adaptar las distintas funciones y competencias del personal al servicio de la Administración de Justicia; se promulgó la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia (LUTICAJ); y, finalmente, se han impulsado importantes reformas en normas procesales con el fin de adaptarlas a un nuevo paradigma: la Justicia electrónica o e-Justicia, que se pretende más moderna, eficiente, eficaz y capaz de dar respuestas a los requerimientos que la sociedad demanda de este servicio público en el siglo xxi. Sin embargo, el resultado no ha sido, en muchos aspectos, el que se esperaba de tan relevante reforma. En este trabajo nos proponemos analizar las acciones del CGPJ, los indudables logros alcan-zados, pero también los problemas pendientes de resolver y que impiden, en definitiva, la culminación de este proceso de modernización.
About a decade ago an ambitious reform in the administration of justice began that affected all its areas: structural, functional, personal and technological. To this end, the promulgation of the regulatory norms of the New Judicial Office (NJO) was undertaken; the necessary legal reforms were approved to adapt the different functions and competences of the personnel to the service of the administration of justice; Law 18/2011, of July 5, regulating the use of information and communication technologies in the administration of justice was promulgated; and, finally, important reforms in procedural norms have been promoted in order to adapt them to a new paradigm: electronic Justice or e-Justice, which aims to be more modern, efficient, effective and capable of responding to the requirements that society demands for this public service in the 21st century. However, the result has not been, in many respects, what was expected of such a relevant reform. In this work we will analyse the actions of CGPJ (General Council of the Judiciary), the undoubted achievements, but also the problems that are pending to be resolved and that ultimately prevent the culmination of this modernisation process
