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Ramón María-Dolores Pedrero
El proceso de ampliación que está viviendo la Unión Europea (UE) ha generado un amplio debate sobre cuál debería ser el futuro de fa política de Cohesión a partir del año 2006. El debate está lejos de haber finalizado y los gobiernos nacionales se resisten a comprometerse en una posición definitiva. Aunque la política de Cohesión seguirá centrándose en las regiones menos desarrolladas no existe consenso sobre cuál debe ser el método para identificar las mismas de tal modo que exista un trato equitativo hacia aquellas regiones que aún no han realizado su proceso de convergencia. A nivel regional se ha expresado claramente el deseo de que la futura política de Cohesión no se limite exclusivamente a las regiones menos desarrolladas, sino que también tenga en cuenta las dificultades y peculiaridades de áreas urbanas, las zonas en reestructuración económica, las regiones con desventajas naturales permanentes y la dimensión transfronteriza.
Dentro de dicha política los Fondos Estructurales han sido una pieza angular. A través de ellos se ha canalizado un amplio volumen de recursos destinados a promover el desarrollo de las regiones más pobres de la Unión Europea mediante la corrección de posibles deficiencias existentes en dotaciones de factores de producción tales como infraestructuras y capital humano. Las regiones españolas se han beneficiado considerablemente de estos fondos, cifrándose la reducción en divergencia en renta per capita respecto a la media española en un 20% para las regiones objetivo n° 1.1 Estas regiones consideradas como objetivo n° 1, cuya renta per capita estaba por debajo del 75% de la media de la UE con 15 Estados (UE-15), son: Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-la Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia y Murcia.
Cuando en 2004 se produzca la ampliación de la Unión Europea con la incorporación de diez nuevos países miembros de la Europa Central y Oriental (PECO), las disparidades regionales aumentarán notablemente. Por mencionar algún dato relevante, el cociente de la diferencia de renta per capita entre el 10% de las regiones más prósperas y el 10% de las menos prósperas era del 2,6 en el año 2000 si consideramos la actual UE-15. Si consideramos una Europa de 25 miembros (UE-25), como la que tendremos el próximo año, dicho ratio se elevaría a 4,4. Asimismo, en 2000, 48 regiones de los Estados miembros de la UE de los 15 presentaban una renta inferior al 75% de la media comunitaria (un 18% de la población de la UE). Tras la ampliación, solamente 30 de estas regiones de la actual Unión tendrían una renta por debajo de dicho límite (un 12% de la población actual). De igual modo, las disparidades en materia de empleo entre los actuales miembros y los nuevos socios serán importantes.
En el siguiente apartado procederé a realizar una breve reflexión sobre cuál ha sido la contribución de los Fondos Estructurales a la eliminación de divergencias en las Comunidades Autónomas españolas y cuál podría ser la situación de las mismas para la percepción de futuras ayudas.
