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Laura Aliaga Martínez, María Estrella Gutiérrez David 
Desde una perspectiva simplista, el Acuerdo de Comercio y Cooperación (ACC) entre la UE y el Reino Unido firmado el 30 de diciembre de 2020 solo representa una mera extensión del período transitorio del Brexit vigente mientras Reino Unido todavía era parte la UE. Sin embargo, la realidad nos muestra un escenario bastante distinto, ya que la terminología es diferente e incluso las normas a corto plazo impuestas por el ACC, en la práctica, demandan la implementación de soluciones pragmáticas para el medio y largo plazo. El Reino Unido ya nos es un estado miembro de la UE y, por ello, es considerado un tercer país. Esto cambia el modo por el cual el flujo de datos entre las partes del ACC podría calificarse a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justica de la UE (fundamentalmente de Schrems II y Privacy International), lo que implica que, para evitar el mismo destino de estos casos y la inseguridad jurídica deberían adoptarse medidas preventivas. Por ello, para continuar ateniéndose a lo seguro, los responsables y encargados españoles que ceden sus datos a responsables y encargados en Reino Unido deberían adaptar sus protocolos, políticas y contratos.
From a simplistic perspective, EU–UK Trade and Cooperation Agreement (TCA) signed on 30th December 2020 only represents a mere extension of the transitional period of the Brexit in force while the UK was still part of the EU. However, the reality shows a quite different scenario, since the terminology is different and even the short-time rules imposed by the TCA, in practice, demand the implementation of pragmatic solutions for the medium-long term. The UK is no longer a member state of the EU and, thus, it is considered as a third country. This changes the way the data flows among the parties of the TCA might be qualified in the light of the CJEU case law (mainly Schrems II and Privacy International). Thus, in order to avoid the same fate of these cases and legal uncertainty, precautionary measures should be adopted. Consequently, to stay on the safe side, Spanish processors and controllers who share data with UK controllers and processors should adapt their protocols, policies and contracts.
