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Álvaro Artiga González
Hay distintas razones para pensar que las elecciones de 2019 fueron excepcionales. En primer lugar, se llevaron a cabo en medio de sospechas de fraude y desconfianza en la autoridad electoral como nunca antes había ocurrido. En segundo lugar, la candidatura victoriosa fue ajena a los partidos que desde 1989 habían tenido el control del Ejecutivo y dominan la escena legislativa. En tercer lugar, los comicios implicaron la introducción de un factor de moderación política que trastocó la estrategia prevaleciente de polarización. En cuarto lugar, el resultado coloca al país ante la encrucijada de fortalecer las pautas autoritarias en el ejercicio del poder o las pautas democráticas con el control sobre los funcionarios. Y, en quinto lugar, el presidente electo lo es bajo una configuración que lo caracterizará como un mandatario institucionalmente débil, aunque con un fuerte apoyo popular, al menos al inicio de su gestión.
El abordaje con más detalle de estas cinco razones constituye el contenido de este trabajo. Este, más allá de responder a inquietudes relacionadas con la coyuntura poselectoral, pretende abrir una línea de investigación sobre una de las instituciones fundamentales de la forma de gobierno en El Salvador: la presidencia.
