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La Administración pública clásica, que vivía encastillada en el principio de legalidad y de eficacia, con autoridades investidas de poderes discrecionales y empleados públicos con rostro, se ha visto sacudida por la revolución inherente a la Inteligencia Artificial (IA).
Supone cambios en modos, tiempos de respuesta y capacidad de diseño de actuaciones y acierto. Pero también riesgos para el éxito de la gestión pública y la esfera de derechos de los ciudadanos.
Se impone el equilibrio entre las ventajas e inconvenientes de la innovación en IA en la Administración y el respeto a los principios aceptados por la comunidad internacional, sin mengua de los principios democrático, ético y de la dignidad humana. Los pasos dados por la OCDE, la Unión Europea y otras organizaciones internacionales son ilustrativos de la hoja de ruta que deben seguir las Administraciones públicas para cumplir con su misión institucional de servicio al interés general en un contexto de incertidumbre de desarrollo tecnológico.
Gobierno y burocracia pueden ser mejorados por la IA pero no sustituidos, debiendo acometerse una estrategia seria de implantación con altas dosis de transparencia, y formación que implique tanto a las autoridades y empleados públicos, como a la ciudadanía. Solo así estará más próxima la meta de más y mejores servicios públicos para más personas.
No se trata solo de automatizar procedimientos, ni de planificar decisiones públicas con fundamento certero, ni de predecir riesgos que reclamen intervención pública, sino de instrumentar los algoritmos para robustecer el control del gobierno, de manera que la Administración gestione más, mejor y con mayor rapidez, y gobierne con menor discrecionalidad y con menores errores.
Quizá los funcionarios pierdan rostro, los expedientes el papel, las decisiones se alejen del procedimiento para adoptarse en rutas algorítmicas y posiblemente el rumbo de la Administración pública resulte difícil de pronosticar.
Sin embargo, jamás debe perderse el norte del respeto a la dignidad de la persona ni menoscabar la legitimidad del poder democrático para decidir
The classical public administration, which has been steeped in the principle of legality and efficiency, having authorities granted with discretionary powers and prominent public employees, has been shaken by the Artificial Intelligence (AI) revolution.
It involves changes in habits, times and the ability to hit the mark. Also risks to the success of public management and citizens’ rights.
It imposes the balance between the advantages and disadvantages of innovation in AI in the Administration.
The steps taken by the OECD, the European Union and other international organizations are illustrative of the roadmap that public administrations must follow to fulfill their institutional mission to serve public interest in a context of technological development uncertainty.
It is not solely about automating procedures, planning public decisions, or predicting risks that demand public intervention, but rather about implementing algorithms to strengthen government control without losing sight of human dignity or undermine the legitimacy of the democratic power to decide.
