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Diana Ferrer Vidal
La entrada en el terreno de juego del ajuste secundario en el 2006 fue una de las modificaciones sustanciales del régimen de operaciones vinculadas. Su aterrizaje podría decirse que no ha sido del todo plácido, habiendo sorteado en menos de una década el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad, así como un cambio normativo. Recientemente los tribunales se han pronunciado de manera clara y contundente en relación a la automaticidad del ajuste secundario y la carga de la prueba. El presente estudio pretende profundizar en estos aspectos, así como en otros que siguen generando un interesante debate técnico, como es la necesidad de calificar el exceso de rentas respecto todos los supuestos de vinculación o el efecto devastador que supone la fragmentación en la calificación de fondos en función del porcentaje de participación, entre otros.
Secondary adjustment was one of the substantial changes introduced in 2006 to the related operations regime. It could be said that its reception has not been a completely smooth one, having and bypassed in less than a decade, the approach to the question of unconstitutionality as well as a normative change. Recently the courts have pronounced clearly and forcefully in relation to the automaticity of the secondary adjustment and the burden of proof. The following paper intends to offer a detailed discussion of these aspects, as well as other controversial ones such as the need to rate the excess of income with respect to all related parties, and the devastating effect of the fragmentation in the classification of funds based on the percentage of participation, among others.
