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Román Eguinoa de San Román
El Reglamento (UE) 2017/352 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero, por el que se crea un marco para la prestación de servicios portuarios y se adoptan normas comunes sobre la transparencia financiera de los puertos, es plenamente de aplicación en todos los Estados miembros desde el mes de marzo del año pasado. Es obligada la adaptación al mismo de la legislación española, el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Esa obligación de adaptarse constituye una oportunidad para una revisión en profundidad de la ley estatal. Este trabajo analiza los principales aspectos que deberían abordarse en esa revisión para, al mismo tiempo que se adecúa la ley nacional a la norma comunitaria, aprovechar oportunidad para incrementar la competitividad de los puertos de interés general.
The Regulation (EU) 2017/352 of the European Parliament and of the Council of 15 February 2017 establishing a framework for the provision of port services and common rules on the financial transparency of ports, fully applies to all of the member countries since last March 2019.The Spanish law, the royal decree-law 2/2011 of 5 September, and the Consolidated Text of State Ports Law and Merchant Marine, have to adapt to this regulation. This mandatory adaptation provides an opportunity for a deep review of the state law. This paper analyzes the main aspects that should be addressed in the review, to adequate the national law to the Community Regulation, taking the chance to increase ports of general interest’s competitivity at once.
