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Erika Saccucci, María Paula Avila Castro
La profundización de los conflictos frente al avance del agronegocio ha supuesto nuevos campos y modos de lucha para los movimientos socioambientales, así como transformaciones en el derecho ambiental. En el marco de nuestras sociedades neoliberales, esto puede comprenderse como un proceso de judicialización de las luchas, en las que se produce una revalorización de lo judicial como medio de arbitraje de los conflictos, frente al protagonismo de la dinámica de las empresas que elevan la conflictividad social en el ejercicio de sus actividades. En este artículo abordamos cuatro conflictos socioambientales de la provincia de Córdoba (Argentina) con el foco puesto en lo que concebimos como prácticas judiciales. Por medio del análisis de discurso de diversos recursos jurídicos interpuestos por los miembros de estos colectivos, estudiamos dos ejes: uno de contenido ambiental, vinculado al principio precautorio; otro formal, relacionado con la puesta en juego de tres argumentos procedimentales: los estudios de impacto ambiental, las audiencias públicas y las disposiciones de uso del suelo. Nuestros primeros análisis sugieren que los colectivos en lucha invocan un uso estratégico del derecho, más allá de los delitos ambientales, que está más próximo al efecto legitimante de la evidencia científica y a aspectos formales, administrativos o de regulaciones de otro tipo de materia no ambiental, cuyo incumplimiento puede presentarse de manera clara y contundente frente a las formas de enunciación y apropiación ideológicas del derecho ambiental por parte de las autoridades jurídicas.
The deepening of conflicts related to agribusiness has involved new fields and ways of struggle for social and environmental groups, as well as transformations in the environmental law. In our neoliberal societies, this can be understood as a process of judicialization of the struggles, which means there is a revaluation of the judiciary power as arbitrating conflicts over the protagonism of companies that elevates social conflict in the exercise of their activities. In this article we approach four social and environmental conflicts in the province of Córdoba (Argentina) with focus on what we conceive as judicial practices. Through discourse analysis of various legal devices presented by the members of these struggling groups, we study two aspects: an environmental matter related to the precautionary principle; and a formal matter related to the use of three procedural arguments: environmental impact studies, public audiences and land use dispositions. Our first conclusions suggest that struggle groups invoke a strategic use of law beyond environmental crime, which is closer to the legitimatory effect of scientific evidence and to formal, administrative or other non-environmental regulations aspects, whose failure to comply is more clearly and forcefully presented to the forms of ideological enunciation and appropriation of the legal authorities.
