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El presente trabajo pone de relieve las distorsiones que la nueva regulación de la protección de adultos produce en el ámbito del Derecho Internacional Privado e interregional. Lejos de dotar a nuestra legislación de un sistema avanzado de protección, se introducen problemas, algunos de los cuales ya estaban resueltos. Al respecto, se propone una mejora del proyecto de ley de discapacidad, en línea con las soluciones acogidas en el Convenio de la Haya de 2000.
