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Angélica María Gutiérrez Ramos
El incremento del consumo de sustancias psicoactivas entre los pueblos indígenas de Colombia es un problema en ascenso. El ordenamiento jurídico colombiano ha reconocido la adicción como enfermedad mental, ha elevado el derecho a la salud mental a la categoría de derecho fundamental, y ha incorporado normas para garantizar el derecho a la salud de los pueblos indígenas. Sin embargo, todavía existe en esta materia una brecha entre las normas y su aplicación. Este artículo sostiene que una de las principales razones detrás de esa desconexión entre las normas y la realidad está ligada a las limitaciones de los modelos acerca de la naturaleza de la adicción que han permeado el ordenamiento colombiano, y argumenta que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es el instrumento normativo que permite comprender mejor el fenómeno de las adicciones. Esto por cuanto dicho instrumento permite ver la adicción como el resultado de vulnerabilidades socialmente causadas, que confluyen para socavar -mas no extinguir- la autonomía del individuo. Por esta razón, analizar la adicción desde la óptica de este tratado, es el primer paso para acuñar soluciones encaminadas a combatir esas vulnerabilidades, y brindarle tratamiento al adicto sin negarle su carácter de agente moral.
The increase in substance use among Colombian indigenous people is currently a public health issue. Colombian Law has recognized that addiction is a mental health disorder, it has elevated mental health to the category of a fundamental right and has incorporated multiple norms to ensure the right to health for indigenous people. However, there is still in this regard a disconnect between what the law states and how it is being implemented. This article holds that one of the main reasons behind this disconnect is associated to the limitations of the models explaining the nature of addiction that have permeated Colombian Law. It also argues that the Convention on the Rights of Persons with Disabilities is the legal norm which enables the best understanding of the phenomenon of addiction, since it allows to see addiction as the result of a series of socially-caused vulnerabilities that erode -but do not extinguish- autonomy, and as such it fosters the adoption of solutions that seek the elimination of those vulnerabilities and the implementation of treatments that do not deny the addicts’ agency.
