El Anteproyecto de Ley de medidas de eficiencia procesal del servicio público de justicia supondrá una modificación relevante de la Ley de Enjuiciamiento Civil al introducirse como requisito de procedibilidad el haberse intentado una actividad negocial previa a la vía judicial. Además, se generaliza la celebración telemática de las vistas y declaraciones, se amplía la cuantía del juicio verbal a quince mil euros, se suprime el recurso extraordinario por infracción procesal y se modifica el recurso de casación para basarlo únicamente en el interés casacional de la interpretación de las normas, tanto sustantivas como procesales.