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Karina Johana Martínez Jiménez
The peace agreement signed in 2016 between the government of Juan Manuel Santos and the Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) contains a comprehensive approach to the non-repetition of violence in the context of the conflict. One of the agreed points is comprehensive rural reform (Item point 1). The general object of this work is to approach to the projection of the latter as one of the guarantees of non-repetition, based on a study on structural violence and crimes against humanity in the country. The foregoing is developed through a descriptive and critical methodology of the phenomenon of violence, but also from a sociological analysis, insofar as the latter seeks to understand the objective and historical social relations of the phenomenon. From the reading carried out, it can be concluded that Item 1 makes a significant contribution to the non-repetition of crimes against humanity, since it raises mechanisms to reduce structural violence, in terms of human rights and socio-economic rights.
El Acuerdo de paz firmado en 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) contiene un enfoque integral en cuanto a la no repetición de la violencia en el marco del conflicto. Donde uno de los puntos consignados es la Reforma Rural Integral (punto 1). El objetivo general del presente trabajo es realizar una aproximación a la proyección de esta última como una de las garantías de no repetición, mediante un estudio de la violencia estructural y los crímenes contra la humanidad en el país. Lo anterior se desarrolla mediante una metodología descriptiva y crítica del fenómeno de la violencia, pero también desde un enfoque sociológico, en cuanto este último persigue la comprensión de las relaciones sociales objetivas e históricas del fenómeno. De la lectura realizada se puede concluir que el punto 1 aporta una contribución significativa para la no repetición de los crímenes contra la humanidad, ya que plantea mecanismos para la disminución de la violencia estructural, en materia de derechos humanos y derechos socioeconómicos.
