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Suerie Moon, Adrián Alonso Ruiz
El acceso equitativo a las tecnologías de la salud rara vez ha generado tal preocupación pública mundial. Hoy consideramos el desarrollo de fármacos seguros y efectivos contra el Covid-19 algo indispensable para el restablecimiento completo y seguro de la economía y de la actividad social. Pero, ¿quién será el último en recibirlos? Desde el punto de vista de la salud pública, asegurar que todos los países tengan un pronto acceso a la vacuna contra el Covid-19 es esencial para mantener la pandemia bajo control, salvar vidas y garantizar que la desigualdad no aumente, ni entre países ni dentro de ellos.
No obstante, desde el punto de vista geopolítico, los fármacos y vacunas contra el Covid-19 se han convertido en una ventaja estratégica que puede influir en el escalafón que cada país ocupe en la jerarquía global y, por tanto, en objeto de una feroz competencia. Estados Unidos, Reino Unido, China y Rusia han hecho del desarrollo de la vacuna una cuestión de prestigio nacional sobre la que se han enfocado todas las operaciones de inteligencia. Estos cuatro países han pisado a fondo el acelerador, con el riesgo de que las normas acaben relajándose por intereses políticos, nacionales o internacionales, pues cualquier éxito obtenido en este sentido puede reforzar el apoyo político fronteras adentro y reafirmar alianzas con otras naciones.
Muchos países de renta media-baja comprobaron durante los primeros meses de la pandemia que les era prácticamente imposible hacerse con pruebas diagnósticas y mascarillas en el mercado global pues, habida cuenta de la escasez de suministros, los países más grandes y ricos hacían mejores ofertas que ellos. Además, su preocupación por ser los últimos de la cola a la hora de adquirir medicamentos y vacunas no ha dejado de crecer. Durante la gripe pandémica H1N1 de 2009, los gobiernos de países de renta alta se aseguraron la mayor parte del suministro de vacunas a nivel mundial cerrando compras anticipadas.
Teniendo esto presente, la Organización Mundial de la Salud (OMS), Gavi-Alianza Global para las Vacunas y la Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la Preparación ante Epidemias (CEPI) dirigen conjuntamente una labor multilateral para que las vacunas estén disponibles en todos los países, con independencia de sus ingresos. Es el denominado mecanismo Covax, uno de los tres pilares del Acelerador de Acceso a las Herramientas contra el Covid-19 (Acelerador ACT). Covax ofrece a diferentes países una estructura para compartir el acceso a las vacunas y subvencionar a los Estados con rentas más bajas. Fue creado a finales de abril de 2020, en un momento en que la incertidumbre y el impacto de la primera ola pandémica motivaron el encuentro entre responsables políticos de alto nivel para garantizar el acceso a las vacunas como bien público global. De ese encuentro se alcanzaron compromisos políticos para garantizar que nadie quedara atrás.
Más de medio año después, con un puñado de vacunas a punto de ser aprobadas para su distribución en el mercado, muchos gobiernos, la mayoría de países ricos, se habían apresurado a asegurarse el suministro de vacunas a sus ciudadanos a través de acuerdos bilaterales con empresas farmacéuticas. Dado que la capacidad de producción total no puede satisfacer la demanda mundial, cada acuerdo bilateral reduce la porción de pastel que le corresponde a Covax y a los cerca de 190 países que dependerán en parte de este programa.
No es de extrañar que los países de renta media con capacidad para producir vacunas –Brasil, India, Indonesia y México– hayan actuado rápido y no lo apostaran todo al multilateralismo; al contrario, se han asegurado de conseguir la transferencia de las tecnologías necesarias desde empresas occidentales, chinas y rusas. Una amalgama de acuerdos públicos y privados se firman hoy de un lado a otro del planeta, vinculando a los países que pueden suministrar las vacunas desarrolladas en Occidente, China y Rusia con el resto del mundo. Otros países que no tienen acceso a este tipo de suministros a través del poder financiero o industrial –como Perú o Jordania– optan por participar en los ensayos de la vacuna como atajo para acceder al producto final. Las vacunas han comenzado a obtener la aprobación de las agencias reguladoras y la imagen que emerge no es la de un sistema centralizado o multilateral gobernado por la lógica de la salud pública o de la ética, sino la de un batiburrillo de acuerdos condicionados por factores geopolíticos, industriales, financieros o biológicos.
