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Valencia, España
En este artículo se analiza el Ingreso Mínimo Vital (IMV) desde la perspectiva de los derechos humanos y, en concreto, desde los estándares exigidos por el derecho a la asistencia social reconocido en la Carta Social Europea. El objetivo es valorar si el IMV cumple o no con las exigencias del derecho a la asistencia social tal y como ha sido reconocido en el artículo 13 de la Carta Social Europea, de acuerdo con la doctrina consolidada del Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa. El análisis de la regulación del IMV teniendo en cuenta las implicaciones de este derecho permite concluir que, a pesar de los importantes avances realizados, algunas mejoras son todavía necesarias como la cobertura de los jóvenes menores de 23 años, la provisión de asistencia social básica para inmigrantes en situación irregular y en casos de sanciones o un mayor desarrollo de las medidas de inclusión. La sociedad civil y expertos internacionales de derechos humanos asimismo recomiendan una mayor flexibilidad del enfoque de la activación, el pago del ingreso en cuentas separadas o al principal cuidador, y la garantía de mecanismos presenciales de solicitud para luchar contra la brecha digital.
This article analyses the recent Spanish social benefit Minimum Vital Income (Ingreso Mínimo Vital, IMV) from the perspective of human rights, in particular from the standards required by the right to social assistance. The objective is to assess whether or not the IMV complies with the requirements of the right to social assistance ofArticle 13 of the European Social Charter which have been developed bythe European Committee of Social Rights of the Council of Europethrough its Conclusions. The study of the regulation of the IMV and of the demands of that right allows us to conclude that, despite the important advances already made, some improvements are still necessary, such as the coverage of young people under 23, the provision of basic social assistance for immigrants in an irregular situation and in cases of sanctions and the further development of inclusion measures. Civil society organisations and international human rights experts also recommend increased flexibility of the activation approach, the payment of the benefit in separate accounts or to the main caregiver, and the guarantee of face-to-face application mechanisms to fight the digital divid
