El año 2021, inmediatamente posterior a la pandemia surgida con ocasión del COVID-19, será decisivo en numerosos ámbitos de las políticas públicas; en uno de éstos, el que representa la Administración de Justicia, se conjugan la necesidad de afrontar de una vez por todas los problemas seculares con la esperanza de que, al fin, la transformación digital y la modernización tecnológica se alcen como notas definitorias de una estrategia colectiva para la obtención de un mejor servicio público.