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Nos hemos acostumbrado a leer en las resoluciones judiciales cómo el juez da preferencia al informe del médico forense o del perito judicial sobre el del perito por nosotros contratado, en razón a que le presume una mayor imparcialidad. Son tantas las veces que hemos llegado a toparnos con la manida frase, que la hemos interiorizado como una verdad apodíctica. Y sin embargo esta prioridad y el argumento que la avala son un mantra que, como las grandes mentiras, se ha consolidado por un uso pernicioso. Este trabajo deshoja un estudio comparativo entre los dictámenes de parte y los judiciales con el fin de proponer que los dos deben ser tratados por el mismo rasero, ya que gozan de igual valor probatorio.
At present, judicial decisions give preference to the report of the forensic doctor or the judicial expert over that of the contracted experts, because they presume greater impartiality. There are so many times that lawyers must come across the familiar phrase that it is normal to internalize it as a apodictic truth. And yet this priority and the argument that supports it are a mantra that, like the great lies, has been consolidated by a pernicious use. This work removes a comparative study between the opinions of parties and the courts in order to propose that the two should be treated by the same estándar, since they have equal evidentiary value.
