Acceso usuarios
Este trabajo lo circunscribo dentro de las potenciales actuaciones procesales que el Ministerio fiscal tiene en el área de protección de los derechos de los consumidores y en el ámbito del derecho civil privado, tratadas, principalmente, por dos circulares emitidas por la Fiscalía General del Estado (FGE) y numeradas 2/2010 y 2/2018. Dejando de lado el papel de la fiscalía en la más amplia y natural protección de fraudes y otros tipos penales y las intervenciones en defensa de los particulares, como usuarios consumidores, contra la administración pública, y aquellas otras complementarias de formación y divulgación. El Estado y las Comunidades Autonómicas han creado el marco jurídico preciso para esta protección desarrollando una amplia normativa reguladora de estas relaciones que se sustentan, en muchos casos, en el ejercicio y amparo de derechos reconocidos en leyes fundamentales.
This work is limited within the potential procedural actions that the Public Prosecutor’s Office has in the area of protection of consumer rights and in the field of private civil law, mainly covered by two circulars issued by State Attorney General’s Office and numbered 2/2010 and 2/2018. Leaving aside the role of the public prosecutor’s office in the widest and natural protection of fraud and other criminal types and interventions in defense of individuals, such as consumer users, against the public administration, and those other complementary training disclosures. The State and the Autonomous Communities have created the precise legal framework for this protection by developing a broad regulatory regulation of these relationships that are based, in many cases, on the exercise and protection of rights recognized by Fundamental laws.
