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José María Rodríguez de Santiago 
En este trabajo se analizan, en primer término, las directivas constitucionales que deben informar los procedimientos estatales de evaluación de la investigación. La libertad de investigación científica [artículo 20.1 b) CE] exige que esos procedimientos sean «adecuados» a la ciencia y que en ellos participe la ciencia misma. Tras la presentación de los conceptos utilizados en el debate internacional sobre la evaluación de la investigación (bibliometría, criterios cuantitativos o cualitativos, peer review, etc.), se exponen los diversos tipos de procedimientos de evaluación de la investigación existentes en el Derecho español en función del objeto evaluado (trabajos de investigación, currículum de investigadores, proyectos de investigación y evaluación institucional). Se tratan, a continuación, las características propias de la ciencia del Derecho que son relevantes desde la perspectiva de la evaluación de la investigación jurídica. Y se concluye con algunas propuestas que giran en torno a la idea de que sobre el Estado pesa la responsabilidad de crear organizaciones y procedimientos que sirvan a cada una de las comunidades científicas para fijar los criterios que serán aplicados en la evaluación de la investigación que se realiza en cada una de esas disciplinas.
This paper first examines the constitutional provisions that must guide public research assessment procedures. Freedom of research (Art. 20(1)(b) CE) requires these procedures to be «suitable» for science as well as for science to be involved therein. After presenting the concepts and notions used in the international debate on research assessment (bibliometrics, quantitative or qualitative assessment criteria, peer review, etc.), there is an outline of the various types of research assessment procedures in place under Spanish law according to the subject of assessment (research works, researchers’ CVs, research projects and institutional assessments). The paper then looks into the characteristics of legal science that are relevant from the perspective of legal research assessment. The closing remarks include a set of proposals revolving around the idea that public authorities must create organizational structures and procedures allowing every scientific community to set the criteria to be applied to research assessment within each scholarly field.
