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Se discute la adecuación a Derecho de la imposición de una penalidad por incumplimiento de la obligación contractual establecida en el art. 38.1 de la Ley 13/1982, de Integración Social de minusválidos. El pliego establecía que el contratista debía asumir el compromiso de emplear un número de trabajadores con discapacidad, no acreditando el cumplimiento de este requisito una vez finalizado el plazo de ejecución del contrato.
