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Mar Jimeno Bulnes 
Sin duda la orden de detención europea también conocida como euro-orden (en adelante, ODE) se ha perfilado como instrumento procesal más eficaz hasta la fecha en la lucha contra el terrorismo dentro de aquellos contemplados dentro del marco de la cooperación judicial penal en sede de la Unión Europea y a salvo del devenir de la orden europea de investigación, instrumento éste último de fecha más reciente. No en vano la ODE u OEDE conforme el acrónimo español (orden europea de detención y entrega) se erigió como primer instrumento creado por parte de las instituciones europeas poniendo en práctica el principio de reconocimiento mutuo instaurado en el Consejo Europeo de Tampere y hoy regulado expresamente en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europeo desde la firma del Tratado de Lisboa. Concebido en su día a modo de “ensayo” en sustitución de la extradición clásica para el ámbito geográfico de la Unión Europea, sin embargo, las estadísticas en su aplicación aportadas desde los Estados miembros así como la abundante jurisprudencia ya dictada desde Luxemburgo por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) han demostrado que dicha prueba piloto ha superado con creces las expectativas iniciales. Por ello aquí se realizará un breve examen de su funcionamiento considerando también su actualidad, hoy día también marcada por la crisis sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19.
The European Arrest Aarrant (henceforth EAW) has undoubtedly emerged as the most effective procedural instrument to date in the fight against terrorism, among those envisaged in the framework of judicial cooperation in criminal matters at the headquarters of the European Union; all of this without prejudice to the future of the European investigation order, the latter being a much more recent instrument. Indeed, the EAW or OEDE according to the Spanish acronym (orden europea de detención y entrega), was the first instrument created by the European institutions to put into practice the principle of mutual recognition established at the Tampere European Council and today expressly regulated in the Treaty on the Functioning of the European Union since the signature of the Treaty of Lisbon. At the time it was conceived as a "test" to replace traditional extradition for the geographical area of the European Union, but the statistics on its application provided by the Member States and the abundant case law already issued by the Court of Justice of the European Union (CJEU) since Luxembourg have shown that this pilot test has far exceeded initial expectations. For this reason, a brief examination of its operation will be carried out here taking into account new practices too, now also marked by the health crisis resulting from the COVID-19 pandemic.
