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La introducción de un principio general de responsabilidad de las Administraciones públicas tuvo la virtualidad de convertirse en una construcción política de primer orden y en un auténtico soporte estructural del derecho administrativo en nuestro país, imprescindible para poner fin a las inmunidades del poder. Su constitucionalización y las aportaciones doctrinales y jurisprudenciales permiten cuestionar el dogma de la objetividad así como la autonomía de la responsabilidad de la Administración en relación con una teoría general de la responsabilidad extracontractual.
The introduction of a general principle of liability for the public authorities had the potential to become a major political construction and a genuine structural foundation for administrative law in our country, essential for bringing an end to the immunities of power. The constitutionalisation thereof, and the doctrinal and judicial contributions, all allow the dogma of objectivity to be challenged, as well as the autonomy of the authorities’ liability in terms of a general theory of non-contractual liability.
