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María del Puerto Solar Calvo
En ocasiones, la jurisprudencia menor pasa desapercibida. Pensamos que sólo aquellas resoluciones de última instancia son relevantes y no caemos en los importantes efectos que una resolución judicial tiene en el ciudadano interesado en el proceso. Lo anterior con mayor motivo si atendemos a una jurisdicción como la de vigilancia penitenciaria. Primero, por sus inmediatos efectos en el estatus jurídico de los privados de libertad. Segundo, y justamente por esa privación de libertad, por los escasos medios de impugnación real y práctica de la resolución judicial que les afecta. Por ello, comentamos brevemente el reciente AJVP n.5 de Madrid, de 7 de octubre de 2020. No sólo por la temática tan actual que aborda —la relacionada con el Covid 19 y sus consecuencias penitenciarias—, sino también por la equiparación que establece entre internos y ciudadanos, en materia de gestión de la crisis sanitaria en que estamos inmersos.
