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Josep María Jordán Galduf 
, Isidro Antuñano Maruri
Los sistemas europeos de protección social han logrado reducir las desigualdades económicas; sin ellos, más de 150 millones de ciudadanos europeos vivirían por debajo del 50% de la renta media. Sin embargo, todavía subsisten muchas deficiencias y debilidades sociales en el seno de la Unión Europea como el paro, la pobreza y, en general, los procesos de exclusión social, que pueden generar una tendencia a la xenofobia y el racismo, incluso en zonas antaño originarias de inmigración. Pero lo bien cierto es que la inmigración es ante todo una necesidad para la economía europea, que presenta ya un importante déficit de mano de obra en determinados sectores productivos. En este contexto, el artículo señala que, para reducir las tensiones sociales derivadas de la inmigración, resulta imprescindible reforzar la política social de la Unión Europea, dotándola de una perspectiva comunitaria global e incorporando a ella una política de inmigración ordenada que amplíe el cupo de inmigración, coordine mejor las ofertas y demandas de empleo, atienda adecuadamente a las necesidades sociales de los inmigrantes y reduzca la inmigración ilegal.
