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El Derecho procesal penitenciario es uno de los imprescindibles con que debe contar la política pública de reinserción social para asegurar la consecución de los fines de la pena privativa de libertad que establece la Constitución. No obstante, esto, desde 1979 y hasta nuestros días, los aspectos orgánicos y procesales de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria no han sido una prioridad de nuestros agentes estatales, por lo que todavía no se ha aprobado la tan esperada ley procesal de ejecución penal.
La inexistencia de esta norma dificulta el día a día de los Juzgados que, obligados a la improvisación, operan de forma dispar e ineficiente en perjuicio de las premisas de reeducación y reinserción social a que deben abocarse las penas. En materia de permisos de salida concretamente, las disfunciones que la práctica procesal acarrea pueden además incidir negativamente en los derechos fundamentales de la población reclusa.
Penitentiary Procedural Law is one of the essential elements of the public policy of social reintegration to ensure the achievement of the constitutional purposes of prison sentences. However, since 1979 and to date, the organic and procedural aspects of the Penitentiary Surveillance Courts have not been a priority of the public authorities and therefore, the approval of an essential procedural law on criminal execution is still awaited. The absence of this norm makes the day-to-day of the Courts difficult, which, abandoned to their fate, are forced to operate inefficiently, inevitably damaging the premises of reeducation and social reintegration towards which the penalties should be oriented. In terms of exit permits, the dysfunctions that procedural practice entails can also have a negative impact on the fundamental rights of the prison population.
