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Álvaro Perea González, Felipe F. Chaneta Garau, Raquel Catalá Veses, Cristina Lorenzo Pérez, Aurelio Gurrea Chalé
El impacto del COVID-19 sobre los poderes e instituciones fue especialmente grave para nuestra Administración de Justicia. Resultado de los efectos paralizadores ocasionados por la pandemia, el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, buscó introducir herramientas e instrumentos de índole normativa y organizativa que pudiesen, al menos, paliar transitoriamente los efectos de la crisis sobre los procesos jurisdiccionales en marcha y aquellos otros que traerían causa de las consecuencias sociales y económicas del virus. No obstante, la convalidación del instrumento legislativo de urgencia, las Cortes Generales otorgaron tramitación legislativa a un proyecto de ley que, finalmente, aprobado con una amplia mayoría parlamentaria, tomó forma en la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. Una ley que sirve de primera piedra para un ambicioso Plan de Choque y que revela un escenario futuro para la Justicia española post-coronavirus.
