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La ejecución penal es posiblemente de las áreas menos conocidas de nuestro ordenamiento, pues si la investigación de los delitos tiene interés periodístico y despierta la curiosidad de cualquier ciudadano, la celebración de juicios anima a profesionales ajenos al derecho a realizar estudios sobre la psique del testigo o la oratoria convincente ante el Tribunal del Jurado, y sobre el régimen de los recursos y la debida articulación de motivos mucho pueden decir quienes están entregados a la docencia universitaria, sin embargo una vez pronunciada la condena firme no hay razón para permanecer en el lugar y todo el mundo se dispersa, al ver que la justicia funciona y que frente al infractor el Estado responde con un castigo.
Sin embargo, en el devenir del cumplimiento de las sentencias son muchos los incidentes que se suscitan, y múltiples las hipótesis en las que se cruzan las competencias de diversos órganos judiciales al punto de yuxtaponerse, y el presente trabajo, el segundo dentro de un proyecto más amplio (1) , propone profundizar en una de ellas, muy concreta, que se origina cuando se ha impuesto una medida de seguridad que no priva de libertad y el sometido a la misma se desplaza a vivir a otra provincia, pues está la incertidumbre de si los órganos judiciales, al quedar el reo fuera de su jurisdicción territorial, son desposeídos de sus funciones o las conservan, surgiendo asimismo dudas acerca de la repercusión que ello puede tener en el control administrativo de ciertas obligaciones y prohibiciones inherentes a las medidas, sobre todo cuando confluyen varias idénticas pero que responden a la aplicación de figuras jurídicas diferentes.
