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Andrés Boix Palop
En los últimos años, la crisis económica, su afección al mercado de la vivienda, así como ciertos cambios en las mayorías políticas a escala autonómica producidos tras las elecciones de 2015 han provocado la aparición de nuevas legislaciones autonómicas en diversas CCAA. Todas ellas han incorporado instrumentos jurídicos para tratar de garantizar los derechos de los antiguos propietarios que han perdido su vivienda por impagos de su crédito hipotecario así como han tratado de incorporar diversos instrumentos para forzar la introducción en el mercado del stock de viviendas desocupadas, esencialmente de aquellas en manos de grandes tenedores y entidades de crédito. Al hacerlo, han reinterpretado de forma ambiciosa los títulos competenciales autonómicos en la materia, encontrando la oposición del Estado respecto de no pocas de estas medidas. Todo ello ha dado lugar a interesantes conflictos resueltos en última instancia por el Tribunal Constitucional que han derivado en una actualización de la doctrina sobre cuál es el margen efectivo de actuación de los poderes autonómicos en esta materia. En este trabajo se va a analizar este conflicto respecto de una de sus manifestaciones: la derivada de la aprobación de la Ley valenciana por la función social de la vivienda 2/2017 y el análisis de constitucionalidad de la misma que hizo el Tribunal Constitucional en su Sentencia 80/2018.
In recent years, the economic crisis, its impact on the housing market, as well as certain changes in the political majorities at regional level after the 2015 elections have led to the emergence of new legislation from various autonomous communities. All of them have incorporated legal instruments that try to guarantee the rights of former homeowners who have lost their home due to defaults on their mortgages. Also, they have tried to incorporate a number of instruments to promote the introduction into the market of the current stock of unoccupied homes, essentially of those in the hands of big owners and credit institutions. In doing so, they have ambitiously reinterpreted the autonomous jurisdiction titles in the matter, thus finding sometimes the opposition of the central State regarding some of these measures. As a result, it has led to interesting conflicts ultimately resolved by the Spanish Constitutional Court that have resulted in an update of the doctrine on which the effective margin of action of the autonomous powers in this matter is. This paper will analyse this conflict regarding one of its manifestations: the one derived from the approval of the Valencian Legislative Act 2/2017 regulating the social function of housing and the subsequent analysis of its constitutionality made by the Constitutional Court in its Sentence 80/2018.
