Se señala la conveniencia de la elaboración de un protocolo de actuación integral para abordar los problemas de las ocupaciones ilegales de inmuebles, que serviría de guía a la Policía Judicial, a los Servicios Sociales —para los casos en que se haga necesaria una actuación o asistencia social—, y a Jueces y Fiscales. Esa necesidad se refuerza, tras la emisión por la Fiscalía General del Estado de la Instrucción 1/2020 de 15 de septiembre de 2020, sobre criterios de actuación para la solicitud de medidas cautelares en los delitos de allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles.
Conforme al entendimiento anterior, se explica y desarrolla el posible protocolo y se anexa un esquema-resumen.