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Para la consecución de los objetivos climáticos y el reto de la sostenibilidad la implicación del sector privado se considera esencial. La provisión de recursos por parte del sector financiero hacia empresas y actividades económicas sostenibles permitiría facilitar la transición hacia una economía baja en carbono y más respetuosa con objetivos medioambientales y sociales. Con este propósito, la Comisión Europea lanzó en marzo de 2018 un Plan de Acción: Financiar el desarrollo sostenible[1] que perseguía este objetivo de integrar la sostenibilidad en el análisis financiero y las decisiones de inversión. El resultado fue la aprobación de tres reglamentos entre los que destaca como pieza central el Reglamento de Taxonomía. El objetivo es determinar cuándo una actividad económica es sostenible para establecer el grado de sostenibilidad de una inversión. El objetivo es claro: que los inversores cuenten con información sobre sostenibilidad de manera que estos tomen decisiones informadas en la materia.
